Lima, 18 de octubre del 2018. Una mayor fiscalización por parte del Estado a las pequeñas y medianas empresas informales, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones laborales, como el pago de las aportaciones de su personal a sus sistemas de pensiones y de EsSalud, permitiría reducir la informalidad laboral en el Perú que afecta a casi el 75% de la Población Económicamente Activa (PEA).
Así lo señalaron los economistas Pablo Lavado, de la Universidad del Pacífico, y Diego Macera, del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante el foro “La informalidad y su impacto en el sistema de pensiones”. En este se enfatizó que las entidades del Estado priorizan la fiscalización tributaria, sin preocuparse tanto por el cumplimiento de las obligaciones laborales.
En ese sentido, se destacó el hecho de que una de las principales causantes de que los trabajadores presenten una densidad de cotización inadecuada o por debajo del promedio (7 de 12 meses), es que al terminar una relación laboral formal estos no siempre se reinsertan en el mercado formal, sino que empiezan a desempeñarse en trabajos informales y por ende las probabilidades de que aporten a un sistema de pensiones son casi nulas.
Al respecto, la presidenta de la Asociación de AFP afirmó que “la seguridad social es un problema latente que debemos mirar cuando hablamos de informalidad laboral. Sin formalización del trabajo, millones de peruanos seguirán sin acceder a un seguro social de salud ni contarán con una pensión de jubilación para la etapa de la vejez.”
Pablo Lavado, Coordinador del Área de Políticas Sociales, Desarrollo Humano y Sociedad Civil de la Universidad del Pacífico, por su parte, señaló que el sistema de fiscalización del Estado, tanto a nivel administrativo como judicial, se centra en que las empresas cumplan sus obligaciones tributarias -pago de impuestos y la presentación de sus formularios y declaraciones- y no por el cumplimiento de sus obligaciones laborales, como el pago del sueldo mínimo, vacaciones y sus contribuciones a EsSalud y al sistema previsional, tanto público como privado.
Asimismo, agregó en los últimos años el Estado ha dado una serie de medidas a favor de las pequeñas y medianas empresas para facilitar o reducir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la finalidad de incrementar la recaudación tributaria, y no para promover la formalización de los trabajadores. “No solo es un problema del sistema de pensiones sino también del Seguro Social (EsSalud), que por parte de ese problema no les permite financiar una mejor atención de su población asegurada”, agregó.
“Solo 11.2% del quintil más pobre se encuentra afiliado a un sistema de pensiones. De este porcentaje, el 6.6% pertenece al Sistema Privado de Pensiones mientras que el 4.6% al Sistema Nacional de Pensiones. En el caso del quintil de ingresos más alto, los afiliados ascienden a 69.8% (51.0% SPP y 18.9% SNP)”, agregó Diego Macera, Gerente General del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante su ponencia.